Robo
Carcaixent, València, España
La localidad de Carcaixent, en la provincia de Valencia, enfrenta una situación de okupación masiva en un edificio residencial, donde 28 de las 48 viviendas están ocupadas ilegalmente, es decir, el 58,3% del inmueble. El problema ha escalado hasta tal punto que la alcaldesa, Carolina Almiñana, ha tenido que manifestarse públicamente tras una brutal agresión a un vecino, quien sufrió una rotura de mandíbula y la perforación de un tímpano después de que los okupas creyeran que fue él quien alertó a la policía para cortar enganches ilegales. El vecino afectado permanece de baja y los médicos no garantizan la recuperación completa de su audición. Los vecinos denuncian amenazas de muerte, incluso a una madre y sus hijos menores, y muchos han tenido que invertir en sistemas de seguridad propios para intentar evitar nuevos accesos. El clima de inseguridad y violencia ha llevado a algunos a plantearse abandonar el edificio, aunque la mayoría no puede hacerlo por la dificultad de vender o alquilar sus propiedades, cuyo valor ha caído drásticamente. Un vecino afirma: "Pagué 180.000 euros por un ‘piso de lujo’ y parece que vivo en una cárcel". Actualmente, los pisos apenas pueden venderse por 100.000 euros, frente a los 150.000 euros o más que valen en la zona, y los áticos que llegaron a venderse por 300.000 euros ahora resultan invendibles. Los okupas han convertido el edificio en un objetivo fácil para nuevas ocupaciones, pero los vecinos han aprendido a defenderse: instalan cámaras y sistemas de vigilancia, lo que les permite demostrar a la Guardia Civil cuándo una ocupación es reciente y actuar sin necesidad de orden judicial si el tiempo de entrada es inferior a 48 horas. Además, señalan que existen dos tipos de okupas: aquellos que no generan problemas y viven en situación de vulnerabilidad, y otro grupo, mucho más conflictivo, cuya llegada se relaciona con la DANA (gota fría) de hace unos años, que dejó a muchas personas sin hogar. Fuente: La Razón
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