Robo
Madrid, España
Alfonso, un anciano de 95 años con cáncer de próstata, ha visto cómo su vivienda en Madrid era ocupada mientras salía a pasear. Al regresar, se encontró con una mujer dentro de su casa, que presentó a la Policía un contrato supuestamente firmado por el hijo de Alfonso, ya fallecido y que nunca fue propietario del piso. Pese a que la ocupación llevaba menos de 48 horas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no pudieron efectuar el desalojo inmediato por la existencia de ese contrato, aunque ni estaba firmado por el verdadero dueño ni la okupa paga lo estipulado. La historia comenzó cuando Alfonso y su mujer, enferma de Alzheimer, ingresaron en una residencia y el hijo se quedó en el piso. Tras el fallecimiento del hijo, la mujer —que ya había sido denunciada por malos tratos— regresó y, aprovechando la ausencia momentánea de Alfonso, ocupó la vivienda con ayuda de la Policía. La familia, completamente indignada, denuncia que la justicia ha dado la razón a la okupa y que la jueza ni siquiera ha escuchado su versión. Alfonso ha perdido todas sus pertenencias y medicinas, y la familia lamenta que, con su edad y su delicado estado de salud, probablemente morirá sin recuperar su hogar. La situación judicial sigue sin resolverse porque la jueza está de baja, lo que agrava la angustia de la familia, que reclama mayor protección para los pequeños propietarios vulnerables. Fuente: La Razón
Lo que dice la comunidad